Guía para el divorcio de mutuo acuerdo con hijos y bienes en común

Divorcio de mutuo acuerdo con hijos y bienes

La ley ofrece distintos procedimientos para tramitar un divorcio en función de si existen hijos en el matrimonio, si hay bienes en común o si los cónyuges actúan de mutuo acuerdo o no.

En esta guía vamos a analizar cómo condiciona la tramitación del procedimiento el hecho de que se trate de un divorcio de mutuo acuerdo con hijos y bienes en común.

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¿Qué opciones existen para el divorcio de mutuo acuerdo con hijos y bienes en común?

En caso de que existan en el matrimonio hijos menores no emancipados o hijos mayores respecto de los cuales se hayan establecido judicialmente medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores, el divorcio podrá tramitarse únicamente por vía judicial ante el juez de familia o el de primera instancia que corresponda al domicilio familiar (artículo 81.1.º del Código Civil), siendo requisito imprescindible que hayan transcurrido 3 meses desde la celebración del matrimonio.

La demanda o petición de divorcio podrá presentarse por ambos cónyuges conjuntamente o por uno con el consentimiento del otro, y el procedimiento girará en torno a la figura del convenio regulador que deberán proponer ambos cónyuges con las normas que habrán de regular los efectos del divorcio.

Hay que puntualizar que, en el caso de que los hijos sean mayores o menores emancipados, no es preciso tomar especiales medidas con respecto a ellos, por lo que el divorcio podrá tramitarse por el procedimiento abreviado bien en sede judicial, ante el letrado de la Administración de justicia, bien ante notario, elevando a escritura pública el convenio regulador.

¿Qué contenido debe tener el convenio regulador en un divorcio de mutuo acuerdo con hijos y bienes en común?

El artículo 90 del Código Civil establece el contenido mínimo que debe constar en el convenio regulador, cuya finalidad es regular los efectos del divorcio en relación con los hijos, los bienes en común, la vivienda familiar y demás aspectos patrimoniales o personales que puedan verse afectados.

Más allá del contenido mínimo, los cónyuges podrán recoger cualquier otro contenido que deseen regular y sobre el que exista acuerdo.

Conforme al citado artículo, el convenio deberá contener los siguientes extremos: 

Los acuerdos alcanzados por los cónyuges y reflejados en el convenio serán aprobados por el juez a menos que se estime que son gravemente perjudiciales para alguno de ellos o dañosos para los hijos.

Pero las medidas adoptadas en el convenio no son inalterables, ya que podrá solicitarse su modificación en el futuro si cambian las circunstancias que las motivaron o lo aconsejan las nuevas necesidades de los hijos. Esta modificación podrá hacerse presentando una demanda de modificación de medidas definitivas ante el mismo juez que apruebe el divorcio.

¿Qué medidas pueden adoptar los cónyuges con respecto a los hijos y los bienes en común?

Las medidas a adoptar que afecten a los hijos y al reparto de los bienes en común pueden tener el contenido que se detalla a continuación:

Medidas con respecto a los hijos

Las principales medidas que afectan a los hijos en un divorcio se centran en los siguientes aspectos:

  • Régimen de guarda y custodia, que puede ser compartida o bien exclusiva a favor de uno de los cónyuges. Existe libertad para repartir los tiempos que corresponden a cada progenitor, siempre que haya acuerdo y la decisión se tome teniendo en cuenta el interés del menor. También cabe atribuir la custodia a un tercero, si las circunstancias lo aconsejan.
  • Régimen de visitas y comunicación a favor del progenitor que no conviva con ellos.
  • Importe, conceptos incluidos y forma de pago de la pensión de alimentos que deba satisfacer el cónyuge no custodio para contribuir a las necesidades de los hijos. Puede determinarse pensión de alimentos también en caso de custodia compartida, para compensar el desequilibrio que pueda haber entre la situación económica de ambos progenitores, aunque es algo que en la práctica no se hace con frecuencia.

En cuanto a los hijos mayores de edad, si los hay, y si aún no viven de manera independiente y no tienen ingresos para hacerlo, no podrán quedar desamparados, así que deberá preverse también con quién van a vivir y se determinará el importe de la pensión de alimentos que pueda corresponderles. Además, deberán prestar su consentimiento a las medidas que les afecten acordadas por sus padres (artículo 82 del Código Civil).

Medidas con respecto al uso de la vivienda familiar

Al tratarse de un divorcio de mutuo acuerdo, los cónyuges deben decidir conjuntamente a quién corresponderá su uso, teniendo en cuenta que los hijos no queden desatendidos, ya que el juez podría no aprobar el divorcio debido a este punto (artículo 90.2 del Código Civil). Esta decisión es independiente de a quién le corresponda la titularidad de la vivienda.

Las medidas que se pueden adoptar pueden ir desde la venta de la vivienda y el reparto del dinero, a la alternancia en el uso de la vivienda en caso de custodia compartida, o la atribución del uso en exclusiva a uno de los cónyuges.

Una vez adoptado el acuerdo sobre el uso de la vivienda, será necesario el consentimiento de ambos cónyuges o la autorización del juez para poder disponer sobre ella, a menos que el uso y la titularidad recaigan en exclusiva sobre uno de los cónyuges.

En cuanto a la titularidad de la vivienda, dependerá del resultado de la liquidación del régimen económico matrimonial.

Medidas con respecto a los bienes en común

A consecuencia del divorcio, se extingue automáticamente el régimen económico matrimonial, y su liquidación, si no se ha hecho antes, puede acordarse en el mismo convenio regulador o dejarse para un momento posterior. Lo conveniente es hacerlo todo en el mismo acto.

El primer paso es inventariar los bienes y pagar las deudas que puedan corresponder por cargas del matrimonio. A partir de ahí, los bienes se reparten como sigue: 

Reparto en régimen de separación de bienes

Si existía régimen de separación de bienes, cada cónyuge mantiene la titularidad de los bienes que ya tuviera durante el matrimonio y de las ganancias obtenidas en ese tiempo. En cuanto a los bienes adquiridos por ambos conjuntamente, se repartirán en proporción a sus respectivas aportaciones.

Reparto en régimen de gananciales

Si existía régimen de gananciales, son de cada uno los bienes privativos que tuviera antes del matrimonio y los que haya adquirido posteriormente con dinero privativo. Las ganancias obtenidas durante el matrimonio se reparten por mitad, y la vivienda familiar corresponde también a ambos, a menos que uno de los cónyuges aportara dinero privativo. En ese caso existe una copropiedad entre la sociedad de gananciales y el cónyuge que aportó dinero propio, y se repartirá según las respectivas aportaciones.

Con respecto a los bienes pagados a plazos hay que tener en cuenta lo siguiente:

  • En el caso de la vivienda familiar, corresponde a cada uno en función de sus aportaciones, es decir, si un cónyuge pagó plazos con dinero privativo y otros plazos se pagaron con dinero común, la titularidad se divide entre ambos según los porcentajes de aportación en cada caso. Si solo se está pagando con dinero común, pertenece a ambos cónyuges por mitad. Si solo se está pagando con dinero privativo, pertenece en exclusiva al cónyuge que lo aporte (artículo 1354 del Código Civil). Lo mismo ocurre con relación al ajuar familiar.
  • En el caso de los demás bienes pagados a plazos, si se compraron por uno de los cónyuges antes de comenzar la sociedad, tendrán siempre carácter privativo, aunque se pague la totalidad o parte del precio aplazado con dinero ganancial (artículo 1357 del Código Civil).

¿Cómo se tramita el procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo con hijos y bienes en común?

El procedimiento se llevará a cabo por los trámites que establece el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y se iniciará con la presentación de un escrito en el juzgado de primera instancia o de familia que corresponda por el domicilio de los cónyuges.

El escrito o demanda deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

  • Certificación de la inscripción del matrimonio.
  • Certificación de inscripción en el registro civil del nacimiento de los hijos.
  • La propuesta de convenio regulador firmado por ambos cónyuges.
  • Cualquier otro documento en el que los cónyuges basen su derecho.
  • El acuerdo final alcanzado el procedimiento de mediación familiar, si lo hay.

Una vez admitida la solicitud, los cónyuges serán citados por el letrado de la Administración de justicia en el plazo de 3 días para que acudan al juzgado por separado a ratificarse en sus peticiones. Si no lo hacen, se archivarán las actuaciones y los cónyuges deberán acudir a un procedimiento contencioso.

Si lo hacen, el juez dará un plazo de 10 días para que completen la documentación, en caso de observarse alguna insuficiencia. En el mismo plazo, se practicarán las pruebas que hayan propuesto los cónyuges y las que estime necesarias el órgano judicial.

También durante el mismo plazo, o durante el de 5 días, en su defecto, el juez solicitará informe al Ministerio Fiscal para que se pronuncie sobre las medidas que afecten a los hijos, quienes podrán ser oídos si tienen la madurez suficiente.

Finalmente, a la vista de todo lo actuado, el juez dictará sentencia concediendo o denegando el divorcio y aprobando en todo o en parte el convenio regulador. 

Si no se aprueba totalmente el convenio, las partes tendrán 10 días para proponer uno nuevo, modificando solo los puntos no aprobados.

La sentencia que deniegue el divorcio será recurrible en apelación, y la que lo apruebe solo podrá ser recurrida por el Ministerio Fiscal en interés de los hijos.

En cuanto a la tramitación del divorcio si los hijos son mayores de edad o menores emancipados, esta se desarrollará por el mismo procedimiento, pero únicamente ante el letrado de la Administración de justicia, que dictará un decreto aprobando el convenio regulador inmediatamente después de que los cónyuges se ratifiquen en su petición. En este caso, no será necesario el informe del Ministerio Fiscal. 

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