¿Qué valora un juez para decidir a quién otorga la custodia?

Juez decide custodia

Cuando, tras un divorcio o separación con hijos menores no emancipados, los padres no son capaces de alcanzar un acuerdo acerca de su guarda y custodia, debe ser la autoridad judicial quien imponga unas u otras condiciones a través de una sentencia, siempre en atención al interés del menor.

Como es obvio, el juez encargado de establecer este régimen habrá de tener en cuenta una serie de circunstancias para adoptar su decisión y, en consecuencia, determinar que la custodia sea compartida o monoparental, entre otras posibilidades menos frecuentes.

A estos efectos, existen una serie de factores que son los que deben ser valorados en todos los casos para tomar una u otra decisión, como veremos a continuación.

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Criterios a valorar por el juez para determinar el régimen de custodia

El artículo 92.6 del Código Civil establece una serie de requisitos a los que el juez debe atenerse en este tipo de procedimientos:

  • Informe del Ministerio Fiscal.
  • Audiencia a los menores con suficiente juicio y, en todo caso, a los que ya hayan cumplido 12 años.
  • Valoración de las pruebas aportadas por las partes.
  • Análisis de la relación entre los padres y de estos con sus hijos.

Además de esta previsión legal, la jurisprudencia y algunos documentos emitidos por parte del Consejo General del Poder Judicial han venido precisando cuáles son los criterios a valorar por un juez en estos supuestos:

Interés del menor

Todas las actuaciones llevadas a cabo durante estos procedimientos están dirigidas a salvaguardar el interés del menor. En este sentido, la preservación de un entorno favorable para su desarrollo será la máxima que condicione el resto de factores que deban ser tenidos en cuenta.

De este modo, se habrán de considerar todas las circunstancias, relacionadas con el arraigo social o familiar del hijo, que puedan tener efectos sobre la convivencia del menor con alguno de sus progenitores.

Aspectos como la existencia de hermanos, la posibilidad de que el menor continúe en el mismo centro de estudios, o con el mismo entorno de amistades, o la relación que haya establecido con la nueva pareja de alguno de sus padres, en caso de existir, serán tenidos en cuenta por el juez a la hora de tomar una decisión.

Opinión del menor

En la línea de lo apuntado en el apartado anterior, las manifestaciones del menor serán importantes para la adopción de uno u otro régimen de guarda y custodia.

Según lo dispuesto por el artículo 770.4ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el juez estará obligado a oír a los hijos cuando tengan más de 12 años. 

Solo en el caso de que aún no hayan superado esa edad, la audiencia al menor será a criterio de la autoridad judicial.

El juez habrá de considerar el grado de madurez del menor a la hora de decidir si se le debe escuchar.

La postura del menor no será decisiva en ningún caso para la decisión final, si bien es cierto que cuanto más edad tenga, puede ser más determinante.

Edad del menor

Más allá de la obligación de oír al menor cuando tiene más de 12 años, su edad también podrá tener relevancia en el régimen de guarda y custodia que el juez determine.

En este sentido, si aún se encuentra en su etapa de lactante (hasta que cumpla 2 años), será complicado que la autoridad judicial no imponga una custodia monoparental en favor de la madre, por razones obvias.

Asimismo, en los casos en que la edad del menor no supera los 3 años, tampoco es frecuente que se opte por un régimen de custodia compartida.

Tiempo y disponibilidad de los padres

Cuando un juez debe adoptar una decisión al respecto de la atribución de tiempo de convivencia a los progenitores, las posibilidades de cada uno de ellos para atender de forma efectiva a su hijo durante estos períodos será uno de los factores principales a tener en cuenta.

Esto se debe a que la conciliación de la vida laboral y familiar estará muy condicionada por las actividades u horarios profesionales de los padres.

Así, la autoridad judicial habrá de valorar si alguno de los progenitores dispone o no de tiempo suficiente para convivir con el menor y, en definitiva, hacerse cargo de sus necesidades.

Relación entre los padres

Cuando se debe decidir entre la adopción de un régimen de custodia compartida o monoparental, esta circunstancia es de crucial importancia para decantar el sentido de la decisión judicial.

Es necesario recordar que el fin último del procedimiento contencioso es preservar los intereses del menor ante los conflictos existentes entre sus padres tras el divorcio o separación.

En consecuencia, cuando la relación entre los padres no es fluida, la autoridad judicial tratará de salvaguardar el equilibrio emocional del menor, manteniéndolo al margen, en la medida de lo posible, de las disputas entre los progenitores.

Por lo tanto, una mala relación entre los padres impedirá, casi en la totalidad de los casos, que se pueda optar por una solución que reparta el tiempo de convivencia con los hijos entre ellos dos. Como es obvio, si esta circunstancia es imputable únicamente a uno de ellos, esto desequilibrará la balanza en su contra si pretende conseguir la custodia exclusiva.

Distancia entre los domicilios de los progenitores

De forma similar, la existencia de una distancia considerable entre los domicilios independientes de los progenitores tras el divorcio o separación impedirá la adopción de la custodia compartida.

La necesidad de velar por los intereses de los hijos y, especialmente, por mantener, en la medida de lo posible, invariado su entorno y el ámbito en el que crecerá, son valores superiores que pueden verse afectados de forma negativa por el desplazamiento del menor de un domicilio a otro.

Relación con los hijos

Al mismo tiempo, los jueces encargados de decidir acerca de la atribución de la guarda y custodia en estos procedimientos habrán de valorar cuál es la relación que ha mantenido cada padre con su hijo durante el tiempo de convivencia de los cónyuges.

También será relevante cuál es el estado de este vínculo tras el divorcio o la separación, de nuevo con el objetivo de defender los intereses del menor que, en este caso, consisten en la protección de su estabilidad emocional.

La autoridad judicial tendrá en cuenta con cuál de los dos padres es más fluida la comunicación del menor, así como la posible existencia de una figura identificada como cuidador primario o principal, a quien se podrá atribuir la custodia con carácter preferente.

Antecedentes de los padres

Más allá de la relación que los progenitores hubieran establecido con los hijos con carácter previo, el juez también está obligado a tomar en consideración cualquier aspecto relacionado con sus hábitos y forma de vida en general. 

Aunque existen algunas situaciones, como el consumo de sustancias estupefacientes, que pueden tener incidencia en la decisión final, lo decisivo será que estos hechos tengan consecuencias negativas sobre el bienestar del menor. 

Por el contrario, comportamientos de carácter violento no requerirán de una valoración de los resultados. 

De hecho, el propio artículo 92.7 del Código Civil impide que se aprueben regímenes de custodia compartida cuando alguno de los padres esté incurso en un proceso penal relacionado con la violencia, no solo física, en el ámbito doméstico. 

Existirá este impedimento independientemente de quién sea la víctima de dichos comportamientos, tanto si es el otro progenitor como el propio menor.

También cuando no se haya producido ninguna denuncia, pero el juez que tramite el divorcio o la separación tenga indicios fundados de la existencia de violencia doméstica o de género, gracias a las alegaciones de las partes o como consecuencia de las pruebas practicadas.

Informe psicosocial

Finalmente, debemos hacer mención a este documento, en el que constan todos los aspectos mencionados con anterioridad, junto con cualesquiera otros que se consideren valiosos para la decisión judicial acerca de la guarda y custodia del menor.

En él figurará el resultado de las diferentes pruebas practicadas, especialmente los expedientes resultantes de las entrevistas realizadas con psicólogos, con el objetivo de que la autoridad judicial pueda obtener un perfil de cada progenitor para así decidir en consonancia con los mejores intereses para el menor.

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