¿Quién tiene que pagar los gastos de un divorcio?

Quien paga costes divorcio

A la hora de enfrentarse a un proceso de divorcio, puede ocurrir que los dos cónyuges no se encuentren en la misma situación económica, e incluso que uno de ellos no disponga de ingresos propios. Esta circunstancia suscita muchas dudas acerca de cómo hacer frente a los gastos derivados del proceso. 

A continuación vamos a ver qué establece la ley con relación a quién se hace cargo de los costes del divorcio.

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¿En qué consisten las costas en un proceso de divorcio?

En un proceso de divorcio se generan unos gastos que no en todos los casos son obligatorios por ley. 

En primer lugar, la asistencia de abogado y la representación por procurador para ambas partes es indispensable en los procesos que versen sobre materia matrimonial (artículo 750.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), aunque, si se trata de un divorcio de mutuo acuerdo, se permite que compartan defensa y representación (artículo 750.2).

No obstante, el procedimiento de mutuo acuerdo se puede complicar, y los cónyuges pueden acabar prefiriendo actuar con su propia defensa y representación.

En el procedimiento simplificado ante notario, disponible para cuando no hay hijos menores en el matrimonio, ni hijos mayores necesitados de especial protección, y además los cónyuges actúan de mutuo acuerdo, solo se exige la asistencia de abogado, que puede ser también el mismo para ambas partes (artículo 54.2 de la Ley del Notariado).

Además de los costes derivados de la defensa y representación legal, es posible que sea necesaria la intervención de psicólogos, si el proceso es contencioso y hay hijos menores implicados.

También pueden generarse gastos por el propio proceso (tasas judiciales, copias de documentos, intervención de peritos, depósitos, etc.).

Además de todos estos gastos, puede que las partes contraigan otros para algunas gestiones que no sean preceptivas en el proceso, o que incluso resulten inútiles. 

¿Quién paga las costas en un proceso de divorcio?

Depende de si el divorcio se lleva a cabo de mutuo acuerdo o por la vía contenciosa. Si los cónyuges deciden actuar de mutuo acuerdo, lo normal es que paguen las costas de manera conjunta:

Si no hay acuerdo entre las partes y tienen que acudir a un proceso contencioso, se aplicarán en principio las normas generales que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil para los procesos declarativos, aunque lo más previsible es que cada cónyuge pague las costas que se hayan generado por su parte. Si hay gastos comunes, se dividirán por mitad (artículo 394).

En el supuesto poco probable de que una parte vea totalmente rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el caso fuera especialmente complicado, se le condenará en costas por la totalidad. 

Lo mismo ocurrirá si una de las partes ha actuado con temeridad, aunque se hayan estimado parcialmente sus pretensiones.

No obstante, si una parte es condenada a pagar las costas generadas por la otra parte, no tendrá que pagarlas por completo, ya que hay una limitación legal: de lo que corresponda por gastos de abogados y demás profesionales no sujetos a tarifa o arancel, solo deberá pagar una cantidad total no superior a un tercio de la cuantía del proceso. Este límite no se aplica si el condenado actuó con temeridad.

Tampoco deberá pagar los gastos inútiles o superfluos y no obligatorios en los que haya incurrido la otra parte.

¿Qué ocurre si uno de los cónyuges no puede pagar las costas?

Si uno de los cónyuges no tiene medios económicos suficientes para pagar las costas, podrá acceder al beneficio de justicia gratuita si cumple los requisitos para ello, lo que implica que sea defendido por un abogado de oficio.

Por este beneficio, se le exime de pagar los gastos generados por su parte en el proceso, y también los de la otra parte, si se le condena a ello, con una excepción: si mejora su situación económica dentro de los 3 años siguientes a la terminación del proceso.

Sin embargo, el beneficio de justicia gratuita está pensado para garantizar el acceso a la justicia a personas que no tienen medios, y se aplica después de haber agotado otras vías posibles.

En el caso del divorcio, los cónyuges han mantenido una comunidad hasta ese momento, debiéndose alimentos uno al otro mientras duraba el matrimonio. Por ello, la ley prevé que se pueda negar el beneficio de justicia gratuita en atención a los medios económicos del otro cónyuge, aunque no exista entre ellos régimen de gananciales.

Como consecuencia de la denegación del beneficio de justicia gratuita por ese motivo, en estos casos en los que un cónyuge tiene dificultades para hacerlo por sí mismo, los costes se pagarán:

  • Con cargo al caudal común, en caso de haberlo.
  • Con cargo al otro cónyuge, si no existen bienes (es lo que se conoce como litis expensas).

[...]

Cuando un cónyuge carezca de bienes propios suficientes, los gastos necesarios causados en litigios que sostenga contra el otro cónyuge sin mediar mala fe o temeridad, o contra tercero si redundan en provecho de la familia, serán a cargo del caudal común y, faltando éste, se sufragarán a costa de los bienes propios del otro cónyuge cuando la posición económica de éste impida al primero, por imperativo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la obtención del beneficio de justicia gratuita.

Artículo 1318 del Código Civil

El juez podrá tomar las medidas que considere oportunas en relación con la contribución al pago de las costas del proceso desde el mismo momento de admisión de la demanda (artículo 103.3ª del Código Civil).

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