La retirada de custodia por los servicios sociales

Retirada custodia servicios sociales

Nuestro ordenamiento jurídico vela por el interés de los menores, hasta el punto de contemplar la retirada de la custodia a los padres si se considera que el menor está desatendido, o que se están vulnerando los deberes de protección y de guarda que corresponden a los progenitores.

Esta medida es excepcional y se aplica en casos extraordinarios, solo por causas muy graves.

Vamos a ver a continuación cuándo puede producirse una retirada de custodia por los servicios sociales.

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¿Cuándo hay una vulneración del deber de cuidado a cargo de los progenitores?

El deber de guarda y custodia es una obligación intrínseca al hecho de ser padre o madre. A veces, los progenitores no cumplen con su obligación de proteger y velar por el adecuado cuidado de los hijos, y la Administración Pública se ve en la obligación de actuar. 

Se puede entender que hay una vulneración o dejación del deber de cuidado de los hijos cuando no se garantizan unas adecuadas condiciones de habitación, vestido, alimentación, protección o educación, o cuando los padres incurren en conductas graves o de riesgo.

Por ejemplo, se consideran motivos graves que pueden dar lugar a una retirada de la custodia los siguientes:

  • Cuando los menores viven en unas condiciones insalubres, o con sus necesidades de alimentación, vestido, higiene o salud desatendidas.
  • Cuando no se les escolariza o se desatiende su educación.
  • Cuando existen comportamientos violentos hacia los menores, o viven en un entorno de violencia.
  • Cuando existe cualquier tipo de abuso físico, psicológico o sexual sobre ellos. 
  • Cuando existe una sentencia condenatoria por delitos violentos del progenitor que ejerce la custodia.
  • Cuando el padre o la madre que cuida del pequeño consume habitualmente sustancias como alcohol o drogas que alteran su comportamiento y lo incapacitan para encargarse de los hijos.

¿Existe alguna alternativa a la retirada de la custodia por los servicios sociales?

La retirada de la custodia a los padres por parte de los servicios sociales es una medida extraordinaria, que se trata de evitar en lo posible. Así, antes de llegar a ese extremo, los servicios sociales intentarán agotar cualquier otra opción. 

El artículo 103 del Código Civil prevé que se pueda atribuir la custodia excepcionalmente a los abuelos, parientes u otras personas que así lo admitan y, si no los hay, a una institución idónea, para que ejerzan las funciones de tutela bajo la supervisión del juez.

Además, siempre que los servicios sociales adviertan que se está produciendo una situación de riesgo para el menor, antes de tomar una medida drástica evaluarán profundamente la situación, y ofrecerán apoyo y asistencia a la familia para mejorarla.

Finalmente, con la colaboración de otros profesionales especializados, como pueden ser abogados o psicólogos, tomarán la decisión que corresponda, teniendo en cuenta siempre el interés del niño

¿Cuál es el procedimiento para retirar la custodia a los padres?

El procedimiento está regulado en el artículo 172 del Código Civil, y se desarrolla por los siguientes trámites.

La entidad pública encargada de velar por la protección de los menores actúa cuando tiene conocimiento de que se está produciendo una situación de riesgo o desamparo para ellos, y esto puede ocurrir por cualquier motivo, pero normalmente se inicia por la denuncia recibida por parte de cualquier ciudadano.

Es frecuente que sean los profesionales de distintos ámbitos, al tener que tratar con el pequeño, los que detecten que puede haber un caso grave de desatención del menor. Por ejemplo, los profesionales educativos, sanitarios o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Pero cualquier particular puede denunciar un caso de posible maltrato o abandono de un menor, bien presencialmente en el centro de servicios sociales de la localidad o incluso por internet, rellenando los formularios que las administraciones ponen a disposición de los ciudadanos en algunos territorios. Si existe riesgo inminente para el menor, se puede activar el protocolo con una simple llamada al 112. 

Cuando la entidad recibe la denuncia, tiene que indagar los hechos denunciados. Si existen indicios de desatención, maltrato o abandono, se inicia el expediente de protección y se comunica este hecho a los padres o a quienes tengan la custodia del menor.

Durante el procedimiento, se estudiará a fondo la situación del menor y de su entorno familiar, y se recabarán todos los informes que sean precisos.

También se dará audiencia a los padres o tutores, y a los propios menores si son mayores de 12 años, o, en su defecto, si tienen la madurez suficiente.

A la vista de todo lo practicado, se propondrá el archivo del expediente, si procede, o la declaración de que el menor se encuentra en situación de riesgo o desamparo, adoptando en consecuencia las medidas oportunas.

La declaración de situación de riesgo o desamparo y de las medidas a adoptar será notificada a los progenitores, tutores o guardadores y al propio menor si tiene la madurez suficiente para ello o si tiene más de 12 años.

Estas medidas llevan aparejadas la suspensión de la patria potestad. Esta situación continuará durante 2 años, durante los cuales, los progenitores podrán solicitar que se levante la suspensión si acreditan que han cambiado las circunstancias.

También durante ese plazo de 2 años, la entidad pública podrá adoptar cualquier medida de protección, incluida la propuesta de adopción, cuando existan motivos para creer que será imposible el retorno a la familia de origen.

Si la propia entidad pública, de oficio o a petición del Ministerio Fiscal o de persona interesada, considera que es lo mejor para el menor, podrá revocar la declaración de situación de desamparo y devolver al pequeño a su familia. 

¿Qué pueden hacer los padres o los familiares si se retira la custodia del menor?

Como se ha mencionado, hay varios momentos durante el procedimiento en que los padres pueden oponerse a la retirada de la custodia, pero tendrán que demostrar que no existen los motivos que han llevado a tomar la decisión.

Al principio del procedimiento, cuando reciben la notificación de inicio del expediente, pueden aportar pruebas de que el menor no está desatendido ni maltratado, y el momento será el trámite de audiencia.

Posteriormente, cuando se haya dictado la suspensión de la patria potestad, dispondrán de un plazo de 2 años para demostrar que las circunstancias han cambiado y que el pequeño puede retornar a su vida familiar.

También podrá cualquier persona con interés (se entiende que un familiar puede hacerlo), instar el levantamiento de la declaración de desamparo o maltrato, siempre que aporte las pruebas necesarias de que el menor va a estar bien atendido. En ese caso, si se entiende que es lo mejor para el interés del niño, se revocará la declaración.

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